Aumentan denuncias de delitos sexuales contra menores en Panamá


Un subcomité parlamentario presentó un informe en febrero pasado sobre abuso sexual y abuso físico y psicológico de decenas de menores en al menos 14 albergues.

Las denuncias de delitos sexuales contra menores en Panamá han registrado este año un aumento “significativo” y “lamentable”, empujado por los efectos secundarios de la pandemia y el escándalo por los casos de violación en albergues de infantes y adolescentes.

“El aumento de denuncias es realmente significativo si miramos las estadísticas”, dijo en entrevista con Efe Dayra Botello, Fiscal Superior de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causa de la Fiscalía Metropolitana.

Hasta el pasado mes de abril se registraron 164 denuncias ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) por los delitos de “corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductas”, más del doble de las 79 presentadas en el mismo período del año anterior.

EL ESCÁNDALO DEL REFUGIO DE LA JUVENTUD

Las denuncias aumentaron luego de que un subcomité parlamentario presentara un informe en febrero pasado sobre abuso sexual y abuso físico y psicológico de decenas de menores en al menos 14 albergues desde 2015.

Botello explicó que “los meses donde (la denuncia) se ha fortalecido son en marzo y abril” pasados, ya que mientras en enero y febrero hubo 33 y 23 denuncias, respectivamente, en marzo y abril aumentaron a 53 y 55.

Pero “lamentablemente”, la cifra ya iba en aumento, dijo el fiscal, ya que el año 2020 cerró con 306 denuncias y el 2019 con 280 por estos delitos contra menores.

Según las cifras oficiales disponibles, los albergues, una cincuentena que albergan a unos 1.200 menores en situación de vulnerabilidad, son supervisados ​​por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del estado (Senniaf), y también reciben subvenciones públicas.

El escándalo de los abusos en estos hogares ha conmocionado al país y ha provocado continuas protestas exigiendo que los responsables sean sancionados.

La Fiscalía ha informado que ha reubicado a menores y emitido medidas de protección a favor de 46 niños dentro de las 26 investigaciones que se han realizado desde 2017, antes de la presentación del informe parlamentario, relacionado con la comisión de delitos en albergues.

PANDEMIA: RESTRICCIONES Y CIERRE DE ESCUELAS

Para la experta en cuestiones de género Eusebia Solís y la activista por los derechos del niño Lucy Córdoba, el aumento de casos de maltrato infantil es uno de los efectos colaterales de la pandemia.

El contexto de “restricciones y cierres” impuestos para detener la propagación de la nueva coronavirus “Demuestra que este tipo de delitos se dan muchas veces en la intimidad y cercanía de la víctima”, dijo Solís, quien recordó que la escuela y el entorno educativo son “un factor protector” para los menores.

Córdoba, por su parte, consideró que “hay más casos (no reportados) por el encierro y el estado mental de muchos depredadores cuyo comportamiento empeora”, y opinó que “las mujeres y niñas se han atrevido a hablar más que años anteriores. “

LAS ESTADÍSTICAS

Solís criticó que la Fiscalía “no informa” en detalle “la edad de las víctimas ni su sexo” en las estadísticas públicas, que desagregan información entre víctimas mayores de 14 años y, en el caso de violación doblemente agravada (incesto), en menores de 14 años.

Según datos aportados por la socióloga, en “2019 el 12%” de los delitos sexuales “ocurrieron en menores de entre 0 y 4 años y el 32% entre 5 y 9 años”, mientras que en los casos de violación doblemente agravados, “el 90% de las víctimas son niñas y se comete entre niñas de 0 a 10 años ”.

Las edades “más afectadas oscilan entre los tres y los seis años, cada vez que los depredadores buscan edades inferiores”, agregó Córdoba.

EDUCACIÓN Y ESPACIOS SEGUROS

Los expertos recomendaron implementar una “educación plural y sexual” en las escuelas, que brinde conocimientos seguros a los menores, así como “espacios dignos y seguros”, derecho que el “Estado tiene la obligación de garantizar”.

Según Unicef, Panamá es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley de protección infantil, a pesar de dos intentos en los últimos 15 años para crear una regulación de calidad y reformar el sistema.

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