Activistas denuncian escalada de violencia contra LGTBIQ


Panamá fue el último país de habla hispana de América Latina en despenalizar la homosexualidad en 2008.

Byron Tellez estaba en su casa en la ciudad de Panamá la mañana del Orgullo Mundial cuando dos hombres tocaron su puerta y lo golpearon. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente mientras los perpetradores arrastraban su cuerpo al departamento de arriba.

Téllez, de origen nicaragüense y abiertamente homosexual, había tenido una discusión con su vecino minutos antes y recibió insultos por su orientación sexual.

Según contó a Efe, la Policía no respondió, la Fiscalía no recibió la denuncia y, tras varios intentos, y con la Defensoría del Pueblo como apoyo, un juez de paz tomó declaración de los hechos.

Nicolás Rodríguez, panameño y activista, estaba en su casa cuando sintió un fuerte olor a aerosol. No sabes quién destrozó tu casa. “Negro gai” y “Cuec … te voy a matar” fueron las frases que escribieron en la fachada, luego de recibir llamadas amenazadoras durante varios días después de la celebración del Orgullo.

Rodríguez también acudió a las autoridades y se quedó sin respuesta. “Se pasan el balón”, dijo a Efe.

Ambos hechos ocurrieron en las últimas semanas, durante el mes del Orgullo, en Panamá, uno de los países más atrasados ​​de América Latina en materia de igualdad y lucha contra la discriminación por orientación sexual.

Las agresiones “se han incrementado significativamente. Ha habido una escalada de violencia a nivel nacional e internacional hacia las personas LGTBIQ +, de la mano del discurso de odio, propagado por grupos anti-derechos”, dijo el presidente de la Fundación Iguales en una entrevista. con Efe. , Iván Chanis.

Chanis dijo que su fundación recibe “constantemente en las redes sociales consultas de personas que han sido agredidas verbal y físicamente, incluso agredidas dentro de su residencia por vecinos”, y señaló que luego de “la marcha del orgullo, muchas fueron sometidas a violencia física”.

Esta escalada de violencia también fue denunciada por el comité del Orgullo Mundial en Panamá, ya que sus “organizaciones están recibiendo denuncias de agresiones homofóbicas, las cuales no han sido atendidas adecuadamente ni ofrecido la protección solicitada por las víctimas”, dijo un comunicado.

INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES Y FALTA DE PROTECCIÓN

Estas personas son “revictimizadas por la justicia, ya que la víctima no es tratada de manera adecuada ni se le da el nivel de protección que el Estado está obligado a brindar”, inacción que “empodera al perpetrador” y es un problema “cíclico”. regresa, advirtió Chanis.

Durante la pandemia, ONG internacionales y la Defensoría del Pueblo alertaron sobre los abusos cometidos por la Policía panameña contra la población trans, que se hizo invisible al no estar representada en ninguna de las restricciones que dividían las jornadas de movilidad por sexo.

Esta situación se deriva del “letargo legal” que arrastra Panamá, ya que no existen leyes que protejan a este grupo vulnerable o que promuevan su igualdad, como es el caso del matrimonio civil igualitario, a diferencia de sus vecinos Colombia y Colombia. Costa Rica.

CONSERVACIÓN

Panamá fue el último país de habla hispana en América Latina en despenalizar la homosexualidad en 2008, pero aún mantiene leyes y regulaciones que amenazan al grupo.

Por ejemplo, un decreto de 1997 que rige a la Policía y los Bomberos considera que el “lesbianismo” y la “homosexualidad” se practican como “faltas muy graves”.

El colectivo LGTBIQ + tampoco está representado en la política panameña, destacó Chanis. Más bien, en este ámbito abundan los discursos y posiciones abiertamente homofóbicos.

Se siguen impulsando leyes discriminatorias en la Asamblea Nacional, como la aprobada el pasado mes de marzo que impide la adopción de parejas del mismo sexo, y desde 2016 no se han resuelto reclamaciones sobre la unión de personas del mismo sexo en la Corte Suprema ni en el Tribunal Supremo. Tribunal Electoral.

“ES TAN FÁCIL COMO RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL”

En opinión de Chanis, Panamá podría dar “ese salto” si el sistema judicial respetara el derecho internacional, tal como lo establece la Constitución.

“Es contradictorio. Si tuviéramos un sistema de justicia que fuera efectivo y que realmente aplicara las convenciones internacionales, esas leyes no existirían”, explicó.

Es “tan fácil como que cualquier ley que atente contra el derecho internacional y los derechos humanos sea considerada inconstitucional, por lo tanto debe ser derogada”, concluyó Chanis, quien se mantiene optimista sobre el avance paulatino de la sociedad panameña hacia una sociedad más igualitaria.

FUENTE: EFE

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